Justo cuando EPM está a punto de empezar a tomar el control de la Hidroituango, las batallas políticas y de intereses del alcalde Quintero, el Gobierno Petro, la Creg y los constructores están poniendo en jaque el futuro energético del país y la tranquilidad de cientos de miles de personas aguas debajo de la monumental presa.

Frente a la necesidad de cumplir con los compromisos pactados con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y con el sistema eléctrico nacional, EPM está buscando todo tipo de alternativas para conseguir entre cuatro y ocho semanas más de tiempo para encender las dos primeras turbinas, probarlas y poner en firme la energía.

El plazo es fundamental, si se sabe que EPM se comprometió a que el 1 de diciembre tendría dos de las ocho turbinas de la accidentada Hidroeléctrica Ituango (Hidroituango), lo que le permitiría al país contar con más energía disponible y reducir las tarifas. Si esto no ocurre, la empresa se verá obligada a pagar una multa de 174 millones de dólares.

“Se está muy cerca de encender la primera turbina, que junto a la segunda, podrían entrar en operación este mismo año, pero la empresa y los constructores están contra la pared por la Creg. Lo que se está pidiendo un tiempo, en especial, para probar las turbinas y minimizar cualquier riesgo”, dijo a Diario Criterio un miembro de la junta directiva de EPM.

Noticias Caracol publicó este martes un documento que la empresa le entregó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en la que un board internacional de expertos —no se sabe si es el mismo que ha acompañado todo el proceso— recomienda hacer pruebas para determinar que el paso de agua por los túneles y la vibración de las máquinas no afecten la estabilidad del macizo, en especial en las cavidades que se crearon durante la emergencia y que fueron rellenadas con concreto.

“En nuestra opinión, las vibraciones inducidas por la operación de las turbinas se transmiten a través de la masa rocosa circundante, generando cargas. Se debe prestar atención especial a las zonas de oquedades rellenadas y/o zonas de estabilización”, se lee en el texto.

Ahora bien, otras recomendaciones del board de expertos no han sido tenidas en cuenta en el pasado, como cuando dijo que no se debía desviar el río Cauca por los túneles 1y 2 sin tener las compuertas, tal y como se hizo y terminó siendo uno de los causantes de la crisis de 2018.

Para algunos expertos este concepto es un salvavidas, política y técnicamente correcto, en el momento preciso, pues con los antecedentes de lo ocurrido en esa mega obra, tiene que haber total certeza de que la operación de las primeras turbinas es segura para el complejo, algo que parece evidente, pero se debe comprobar.

Según las advertencias que EPM le ha hecho a la Unidad de Gestión, a la Creg y al Gobierno, es necesario llenar los túneles para que no quede aire comprimido y operar las turbinas con intervalos para mirar las mediciones de los aparatos y el comportamiento del macizo, es algo que supera la fecha del 1 de diciembre, que es cuando la empresa se comprometió a poner su energía en la red.

Aunque EPM puede tener razón en sus argumentos, lo que no explica son las demoras que se han presentado en las obras debido a los pleitos que la empresa, en especial bajo administración del alcalde Daniel Quintero, ha tenido con los constructores. Incluso, a la incertidumbre del inicio de las primeras turbinas, se ha sumado la decisión irresponsable de abrir una licitación para que una firma termine las obras que faltan y ponga en marcha las otras seis turbinas, que deben entrar antes de 2025.

Precisamente una de las dificultades de las obras ha estado en que se convirtió en una ficha del duro pulso político en Antioquia. Como se sabe, uno de los caballitos de batalla con el que Quintero ganó las elecciones fue denunciando el descalabro de Hidroituango, los abusos de los constructores y parte del empresariado antioqueño. Esta batalla se ha extendido durante casi tres años, al punto que hoy amenazan la estabilidad del complejo eléctrico y de la propia empresa patrimonio de los antioqueños.

Frente a la posibilidad de que EPM tenga que pagarle a la Creg y al sistema eléctrico nacional más de 850.000 millones de pesos en multas, el Gobierno de Gustavo Petro le ha dado todo su apoyo al alcalde Quintero, al punto de que, tras el triunfo en la urnas y en las comisiones de empalme, en especial la del sector minero-energético, Hidroituango fue uno de los asuntos clave, pues desde ese tiempo ya se advertía que había una posibilidad de no cumplirle al país.

Sin saber si lo logrará o no, el precio que va a tener EPM va a ser alto, al menos por los ‘peajes’ que le ha empezado a poner el gobierno Petro. La semana pasada se anunció que la empresa antioqueña fue designada como agente especial de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta a partir del 13 de octubre.

“EPM realizará un diagnóstico de los procesos corporativos y operativos de esta empresa samaria, para definir e implementar las acciones que estén encaminadas a solucionar las problemáticas que se identifiquen y aportar al mejoramiento del desempeño de ESSMAR y de los indicadores de los servicios de acueducto y alcantarillado que presta, en la medida en que la compañía realice las inversiones necesarias para incrementar la calidad, cobertura y continuidad”, dijo la Superintendencia de Servicios Públicos.

Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM, aclaró que no se está comprando esa empresa sino que está prestando un servicio, pero no está claro realmente hasta dónde llegará el compromiso de EPM en una ciudad que tiene un histórico problema en el suministro de aguas, pero que desde hace años está bajo el poder de Carlos Caicedo, actual gobernador del Magdalena, viejo aliado político del presidente Petro.  

A este chicharrón, también la semana pasada, EPM se comprometió con el Gobierno, a través de su filial Afinia, que opera la mitad de la energía en el Caribe, a destinar 150.000 millones de pesos para instalar paneles solares en las casas de familias vulnerables de Cartagena, tal y como lo denunció El Colombiano.

Otro de los riesgos que se ciernen sobre el proyecto, EPM y Medellín está en que, durante este año, la empresa ha tratado de sacar adelante una licitación para conseguir una empresa o un consorcio que asuma, a partir del 1 de diciembre, las obras y ponga a generar las otras seis turbinas que faltan.

En un cuarto aplazamiento, el pasado 13 de octubre, EPM anunció que el proceso se cerrará el próximo 4 de noviembre, una situación muy grave si se sabe que al actual consorcio constructor, CCC Ituango, se le vence el contrato el 30 de noviembre, el mismo en el que está comprometido el encendido de las turbinas uno y dos. Eso implica, por los tiempos y plazos, que las obras podrían quedar suspendidas y en un peligroso limbo.

Pese a los errores y descalabros, y a las diferencias que hay entre los constructores y la administración Quintero, varios expertos consideran que lo más prudente es que quienes empezaron las obras las terminen para que, así mismo, respondan por todo lo que pasó y pueda suceder. Cambiar de constructor en este momento puede ser el peor corto circuito para Hidroituango.

A la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sin dudas le está tocando bailar con la melodía más difícil de su historia: además del problemas de las altas tarifas de energía, en su despacho tiene la decisión del futuro de Hidroituango.

Si bien la Creg ya había multado a EPM con 43 millones de dólares, también le entregó varios alivios en el pasado, como a mantener las obligaciones de entregarle la energía al sistema, no en el 2018, sino en el 2021; mantenerle los beneficios del cobro por confiabilidad y, después, permitirle que encendiera dos turbinas —y no todas— el 1 de diciembre de 2022.

Un exmiembro de la Creg le dijo a Diario Criterio que para la entidad no es fácil justificar ni avalar este nuevo incumplimiento de EPM, pues en juego están las sanciones que les han impuesto a otros operadores por no cumplir con sus compromiso con el sistema, tal y como ocurrió con la empresa Sea One, a la que le impuso una multa de 26 millones de dólares por no cumplir en la construcción de dos plantas de generación financiadas a través de cargo de confiablidad; o la misma que les decretó a EPM por 43 millones de dólares por Hidroituango en 2019.

“Si esto no se hace bien, podría venir una cascada de demandas contra la Creg y contra el propio Estado por parte de los sancionados”, dijo el exmiembro de Creg.

A su vez, uno de los actuales expertos comisionados de esa entidad también le reconoció a este medio que EPM tenía muy claros los compromisos y en varias comunicaciones le informaron a la entidad y al país que iban a cumplir con las obras y la energía de Hidroituango.

“Hasta el propio alcalde Quintero anunció que serían en julio. Ahora, a última hora, están buscando la forma de que se les amplíe el plazo, argumentando incluso que una nueva multa los afectaría, pero por otro lado andan comprometiendo recursos y prebendas”, dijo.

Otro asunto a debatir es el uso que la Creg y el sistema les da a esas multas. En vez de usarse para promover proyectos en zonas no interconectadas, crear microcentrales o energías limpias, lo que se hace es repartirla entre todos los usuarios, que al final terminan generando unas reducciones de unos pocos pesos.

Es claro que esta nueva crisis de Hidroituango solo debe tener como eje central a las comunidades aguas abajo y la obligación de todos los involucrados de recuperar el total control de la represa y sus aguas. Precisamente, por cumplir con las fechas y cronogramas, es que Hidroituango pasó de ser una obra del orgullo paisa a una vergüenza.

No es “Justo cuando EPM” -o no es tan justamente- cuando se le atraviesa -segín el autor del texto- las telerañas de la burocracia, el “proceso” kafkinao. Preguntarl a tipos como fajardo et al que quedan a la sombra en este proyecto que hunde sus invisibilizadas raíces en el siglo XX. ¿Dirá el articulista que las cosas venían “1A” como se dice? ¿Que el cronograma venía cumpliendo una a una sus etapas? Queda el pretexto universal posmoderno de la pandemia. Sirve para todo. Menos para el daño que hubo en 2018= la “Galería-Auxiliar-de-Desviación” (GAD) que colapsó en abril de 2018, dando origen a la emergencia que puso patas arriba al proyecto, taponada definitivamente por EPM y los contratistas del megaproyecto. Clausurar la GAD no fue una labor cualquiera. Un proyecto a la brava -con muertos desde el años que asesinaron a Jesús María Valle en 1998 (aquí porque este atentado no se relaciona?… “no ha lugar, querido lector”… ¡ah, bueno¡ no dije nada, entonces). Correlato es también la inundación que destruyó puentes y docenas de viviendas, afectando a miles de personas, y que obligo -¡OBLIGÓ!-. al gobierno a ordenar la evacuación de cinco municipios que se vieron afectados; hubo que ubicar a cerca de 12.000 personas en albergues improvisados. Se atraviesa la pandemia y después la CREG que quedó en manos del último gobierno, este el de la COLOMBIA HUMANA. ¿Sabe el nene que escribió esta jeramiada que significa el concepto FRAMING? Lo que viene sucediendo en Europa -el quilombo entre OTAN y Rusia- va poniendo descubriendo la labor de las agencias noticiosas: como en ambas guerras mundiales lo hicieron los británicos: CONVERTIR LA PROPAGANDA EN INFORMACIÓN. A pesar de los datos verificables- FRAMING, nenes. FRAMING… y esperemos que sea silvestre, no deliberadamente intencional. Es decir, propaganda

Haz clic aquí para cancelar la respuesta.